La normativa regula todos los equipos cuya presión máxima admisible sea superior a 0,5 bar. Los compresores con calderín están sujetos al Reglamento de Equipos a Presión y deben cumplir requisitos técnicos y administrativos específicos.

El coste depende del volumen del depósito, la presión máxima, el producto P×V, la potencia y la comunidad autónoma donde se tramite el expediente.

A estos importes hay que añadir tasas administrativas y, en su caso, inspecciones iniciales por organismo de control autorizado.

La revisión obligatoria es independiente de la legalización inicial. Todos los equipos deben someterse a controles periódicos. La frecuencia habitual oscila entre 3 y 4 años.

La certificación se tramita ante la Dirección General competente en materia de Industria. El procedimiento incluye la presentación de la documentación técnica, certificado de instalación y justificante de tasas.

El coste de las tasas suele ser reducido en comparación con los honorarios técnicos necesarios para redactar la documentación y gestionar el expediente.

El mantenimiento preventivo es fundamental para evitar averías y alargar la vida útil del equipo. Aunque no sustituye a la inspección reglamentaria, reduce riesgos y costes a largo plazo.